El Congreso de la República aprobó la Ley N.º 32446 (publicada el 22 de setiembre de 2025), que modifica el Código Penal (Decreto Legislativo 635) e incorpora el artículo 318-B, creando el delito de criminalidad sistemática. Esta norma surge como respuesta al avance de la extorsión, el sicariato y otros delitos violentos que generan temor en la sociedad.

Lo que establece la ley

El artículo sanciona a quienes, utilizando municiones, armas de fuego, explosivos u otros medios similares, promuevan o realicen conductas como secuestro, sicariato, homicidio calificado, extorsión o robo agravado, con el objetivo de crear zozobra o terror en la población. La sanción es la más severa del ordenamiento jurídico: cadena perpetua.

Impacto en las empresas

Las organizaciones suelen ser blanco de extorsiones que afectan la continuidad de sus operaciones, ponen en riesgo a trabajadores y dañan su reputación. Esta ley brinda un marco más sólido para denunciar y enfrentar estas amenazas, asegurando que los responsables reciban sanciones ejemplares.

Impacto en las personas

Los ciudadanos también son víctimas directas de extorsiones, secuestros o actos violentos en su vida diaria. La tipificación de este delito ofrece una mayor protección penal, pues refuerza la capacidad del Estado para actuar contra las bandas criminales que generan miedo en barrios, comercios o transportistas.

Recomendaciones prácticas

• Denunciar de inmediato cualquier acto de extorsión o amenaza a la Policía Nacional o Fiscalía.
• No ceder a los extorsionadores: la denuncia es ahora más importante que nunca, dado el respaldo penal.
• Empresas y ciudadanos deben trabajar coordinadamente con juntas vecinales, gremios y autoridades locales para prevenir situaciones de riesgo.
• Promover campañas de concientización interna y comunitaria sobre canales de denuncia y medidas de seguridad.

Conclusión

La Ley N.º 32446 fortalece la lucha contra la criminalidad organizada en nuestro país al establecer la cadena perpetua como castigo para quienes aterran a la población con violencia y extorsión. Tanto empresas como ciudadanos cuentan ahora con un respaldo legal más firme para proteger su seguridad y exigir justicia frente a la delincuencia.