Publicado el: marzo 16, 2026
En muchas empresas es común encargar temporalmente nuevas funciones a un trabajador por razones operativas. Sin embargo, surge la duda: ¿toda asignación de mayores responsabilidades implica necesariamente un aumento de remuneración? La Corte Suprema acaba de precisar este punto en una reciente casación, estableciendo un criterio relevante para la gestión empresarial.
Sobre el caso:
En la Casación N.° 30775-2024-Lima, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema analizó una demanda de reintegro de remuneraciones contra el Banco de la Nación.
La trabajadora solicitó el pago de diferencias salariales y beneficios sociales, alegando que fue encargada como Recibidor Pagador (Gestor de Servicios), cargo que —según indicó— implicaba mayores responsabilidades que su puesto original de Promotor de Servicios.
En primera y segunda instancia, el Poder Judicial declaró fundada la demanda.
Sin embargo, la Corte Suprema casó la sentencia y, actuando en sede de instancia, declaró infundada la demanda. No es precedente vinculante, pero sí un criterio jurisprudencial relevante para la gestión empresarial.
Lo que establece la Corte Suprema:
La Corte interpretó el artículo 9 del TUO del Decreto Legislativo N.° 728 que regula el poder de dirección del empleador.
El criterio fijado es el siguiente:
En el caso concreto, tanto el cargo de Promotor de Servicios como el de Recibidor Pagador pertenecían a la categoría “Técnico”. Por ello, no existía variación de categoría que justificara un pago adicional.
¿Qué debo hacer como empleador?
Esta sentencia confirma que la empresa puede reorganizar funciones por necesidades operativas, siempre que:
El nombre del puesto no determina por sí solo un derecho a mayor remuneración. Lo determinante es la categoría y la escala salarial aprobada en la organización.
4. Recomendaciones prácticas
Para reducir riesgos laborales:
La Corte Suprema reafirma que el poder de dirección permite modificar funciones dentro de la misma categoría sin que ello genere automáticamente un derecho a reintegro remunerativo.
Una estructura salarial clara y bien documentada es la mejor herramienta preventiva frente a reclamos laborales.