Recientemente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que sancionará tanto al conductor como a la empresa de transporte por un accidente ocurrido en el distrito de El Agustino, donde un bus se detuvo sobre un cruce ferroviario y fue impactado por un tren. Según las investigaciones, aunque la empresa se encontraba debidamente habilitada para operar, el conductor contaba con licencia, pero no estaba habilitado para prestar servicio público, lo que constituyó una falta grave. La ATU calificó la infracción del conductor como “RE10” (multa de S/ 2 675 y retención de la licencia) y la de la empresa como “RE9” (multa similar y suspensión temporal de la unidad).

Lo que ordena el precedente: criterio establecido y obligaciones

Desde la perspectiva del derecho laboral y empresarial, este tipo de hechos muestran que:

• La empresa empleadora o concesionaria del servicio tiene la obligación de verificar que sus conductores cuenten con la debida habilitación para el servicio público, además de licencia para conducir.
• El conductor, aunque tenga licencia, debe cumplir también con la habilitación específica para el servicio que se presta.
• En caso de accidente, la empresa puede ser sancionada administrativa y normativamente, y además puede verse afectada su responsabilidad civil y laboral, pues el conductor actúa en el marco de una relación de trabajo o de servicio.
• En materia de transporte terrestre, el Reglamento Nacional de Transporte establece que prestar el servicio sin autorización acarrea responsabilidad solidaria del transportista o empresa.
• Asimismo, en materia civil, la empresa y el conductor pueden responder solidaria o subsidiariamente por los daños causados a terceros por actividades empresariales o transportistas.

¿Por qué es útil para el empleador?

Para las empresas que operan servicios de transporte público o privado, este caso es una alerta clave: el incumplimiento en los requisitos de habilitación del conductor no sólo genera sanciones administrativas ante entidades como la ATU, sino que también puede derivar en responsabilidades más amplias (civil, laboral, administrativa) que pueden afectar a la empresa, su reputación, su operación y sus costos. Garantizar que los conductores estén debidamente habilitados y que el servicio se preste dentro del marco legal es más que una obligación regulatoria; es una parte esencial de la gestión de riesgos laborales y empresariales.

Recomendaciones prácticas

Las empresas deben asumir un rol activo y responsable en la supervisión de sus conductores y vehículos. Esto implica mantener registros actualizados de habilitaciones, licencias y seguros, verificar cada asignación de servicio, capacitar de forma continua al personal, e implementar auditorías internas que permitan detectar irregularidades antes de que ocurran accidentes. En caso de un siniestro, una gestión inmediata y documentada será clave para mitigar riesgos legales. La prevención y el control no son sólo obligaciones normativas: son una muestra de responsabilidad empresarial y de compromiso con la seguridad pública.