Los eventos masivos, como conciertos y espectáculos públicos, congregan a miles de personas y, con ello, también riesgos que no siempre se pueden controlar del todo. Recientemente, se hizo pública la denuncia de una joven que habría sido víctima de insultos y agresión física en un concierto en Lima.

Más allá del impacto mediático, este tipo de situaciones tiene consecuencias legales concretas que es importante conocer, tanto para las víctimas como para las empresas organizadoras y proveedoras del servicio.

1) ¿Qué delitos podrían configurarse por la agresión física?

Cuando una persona sufre golpes, empujones, jalones de cabello u otra forma de violencia física, el hecho puede configurar un delito de lesiones, incluso si no existen heridas graves a simple vista. En estos casos, el elemento clave es el certificado médico legal, que determina si hubo daño físico o psicológico y por cuántos días se requiere descanso o tratamiento.

Desde el punto de vista penal, el agresor puede enfrentar una investigación y eventual sanción, dependiendo de la gravedad de las lesiones y de las pruebas existentes (videos, testigos, intervención policial, entre otros).

2. ¿Los insultos y el hostigamiento también tienen consecuencias legales?

Sí. Los insultos, humillaciones o actos de hostigamiento pueden tener relevancia legal, sobre todo cuando se dan de forma pública y afectan la dignidad de la persona.
En determinados contextos, este tipo de conductas puede ser evaluado como discriminación, especialmente si se basan en la apariencia, condición personal u otro motivo que menoscabe derechos fundamentales.

Adicionalmente, la persona afectada podría evaluar acciones en la vía civil, solicitando una indemnización por daño moral o psicológico, si se demuestra la afectación sufrida.

3. ¿Existe responsabilidad del organizador del evento?

Aunque la agresión haya sido cometida por un tercero, el organizador del evento no queda automáticamente excluido de responsabilidad. En los espectáculos públicos existe un deber de seguridad, que obliga a los proveedores a adoptar medidas razonables para prevenir riesgos previsibles y actuar de manera inmediata ante incidentes.

Si se acredita una deficiente organización, falta de personal de seguridad, ausencia de protocolos o una reacción tardía frente a la agresión, podrían generarse responsabilidades administrativas o civiles para la empresa organizadora.

4. ¿Qué medidas debería tomar una persona que sufre una agresión?

Desde una perspectiva práctica, es recomendable:

• Realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad policial o fiscal.
• Conservar y recopilar pruebas: videos, fotografías, mensajes y datos de testigos.
• Solicitar información sobre las grabaciones de cámaras de seguridad del recinto.

Estas acciones son fundamentales para sustentar cualquier reclamo posterior.

Recomendación final para las empresas

Para las empresas que organizan o participan en eventos masivos, estos casos dejan una lección clara: la prevención es clave. Contar con protocolos de seguridad, personal capacitado, canales de atención inmediata y una respuesta diligente ante incidentes no solo protege a los asistentes, sino que también reduce significativamente la exposición a sanciones legales y reclamos futuros.

Un evento bien organizado no solo se mide por el espectáculo, sino también por la seguridad y el respeto con el que se trata a las personas.