Publicado el: octubre 30, 2025
En nuestro país, la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento establecen que toda empresa debe realizar auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) al menos cada dos años. Sin embargo, muchas empresas las ven solo como una obligación formal, sin aprovechar su verdadero valor: prevenir accidentes y fortalecer la cultura de seguridad.
La auditoría interna permite revisar si los procedimientos, controles y registros del SGSST se cumplen realmente. A diferencia de la auditoría externa —que suele ser realizada por un auditor acreditado ante el Ministerio de Trabajo—, la interna puede ser desarrollada por personal competente designado por la empresa, antes de la evaluación oficial.
Lo que ordena la norma:
El artículo 40 del D.S. N.º 005-2012-TR señala que el empleador debe garantizar auditorías periódicas al SGSST, ya sean internas o externas, a fin de comprobar su eficacia y la aplicación de las medidas correctivas. Asimismo, la R.M. N.º 085-2021-TR detalla los requisitos para los auditores externos, pero no excluye que la empresa implemente revisiones internas previas como parte de su mejora continua.
Además, la Ley N.º 29783 dispone que los resultados de la auditoría deben ser comunicados al Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo la participación activa de los trabajadores en la mejora del sistema.
¿Qué debo hacer como empleador?
Las auditorías internas ayudan a detectar a tiempo brechas como capacitaciones vencidas, IPERC desactualizado, actas del Comité sin firmas o registros incompletos. Si se corrigen antes de una inspección, pueden evitar multas significativas de SUNAFIL, que en 2025 oscilan entre S/ 2,312 y S/ 115,000 según el tipo y tamaño de la empresa.
Realizar una auditoría interna no solo demuestra cumplimiento, sino compromiso real con la seguridad del personal y con la prevención de accidentes laborales.
Recomendaciones prácticas:
Implementar auditorías internas de manera proactiva convierte a la empresa en su propio fiscalizador, reduciendo riesgos legales y cuidando lo más valioso: la vida y salud de sus trabajadores.