Publicado el: enero 12, 2026
El 17 de diciembre de 2025 se publicó el Decreto Supremo N.° 301-2025-EF, mediante el cual se fijó el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable para el año 2026 en S/ 5,500.00.
Este ajuste no solo tiene efectos tributarios, sino que también genera consecuencias directas en diversas materias laborales relevantes para las empresas, especialmente en relación con sanciones administrativas, beneficios laborales y límites económicos vinculados a la normativa laboral vigente.
Principales efectos laborales del nuevo valor de la UIT
1. Incremento de las multas impuestas por SUNAFIL
Con el nuevo valor de la UIT, se elevan los montos máximos de las sanciones administrativas aplicables a las empresas no MYPE que cuenten con más de 1,000 trabajadores. Para el año 2026, los topes de multa serán los siguientes:
Este aumento implica un mayor riesgo económico frente a eventuales fiscalizaciones laborales.
2. Nuevo umbral para pactar la Remuneración Integral Anual (RIA)
A partir de 2026, solo los trabajadores que perciban una remuneración mensual igual o superior a S/ 11,000.00 podrán celebrar válidamente un acuerdo de Remuneración Integral Anual con su empleador.
Este monto se incrementa en comparación con el año anterior, por lo que será necesario revisar los contratos vigentes y los nuevos acuerdos que se pretendan suscribir bajo esta modalidad.
3. Variación en el límite para la deducción del Impuesto a la Renta de quinta categoría
El aumento de la UIT también impacta en el cálculo del Impuesto a la Renta de los trabajadores. Para el año 2026, estarán obligados a tributar aquellos trabajadores cuyos ingresos anuales superen los S/ 38,500.00, considerando la deducción equivalente a 7 UIT.
Este cambio puede modificar la situación tributaria de determinados trabajadores que anteriormente no se encontraban afectos al impuesto.
¿Qué debe hacer el empleador?
El nuevo valor de la UIT obliga a las empresas a revisar sus prácticas laborales, contractuales y de cumplimiento normativo, ya que los costos asociados al incumplimiento y a determinadas obligaciones legales serán más elevados en 2026.
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