Cada vez más empresas instalan cámaras de videovigilancia en sus centros de trabajo para proteger bienes, instalaciones y personas. Sin embargo, surge una duda frecuente en la gestión empresarial: ¿es válido utilizar luego esas cámaras para otros fines, como supervisar el desempeño de los trabajadores o sustentar medidas disciplinarias?
La respuesta no es tan simple y está directamente relacionada con el principio de finalidad previsto en la normativa de protección de datos personales de nuestro país.

¿Para qué finalidad pueden instalarse cámaras en el centro de trabajo?

Las cámaras pueden instalarse con finalidades legítimas, específicas y previamente informadas, como la seguridad de las instalaciones, la prevención de robos o la protección de las personas.

Cuando el empleador informa que la finalidad es la seguridad, ese será el único uso válido de las imágenes captadas. Utilizarlas luego para otro objetivo distinto implica un tratamiento de datos personales no autorizado.

¿Se puede cambiar la finalidad de las cámaras una vez instaladas?

No de manera automática. Cambiar la finalidad —por ejemplo, pasar de seguridad a control laboral o fiscalización del desempeño— requiere informar previamente a los trabajadores y cumplir con las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales.
El uso de las grabaciones para una finalidad distinta a la informada vulnera el principio de finalidad y puede generar sanciones administrativas.

¿Qué riesgos asume la empresa si usa las cámaras para una finalidad distinta?

El principal riesgo es la imposición de sanciones por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, además de que las grabaciones podrían ser consideradas pruebas inválidas en procedimientos disciplinarios o judiciales.
En la práctica, esto significa que una amonestación o despido sustentado únicamente en imágenes obtenidas sin respetar la finalidad informada puede ser cuestionado.

Recomendación

Antes de instalar o reutilizar cámaras de videovigilancia, las empresas deben definir claramente la finalidad, comunicarla de forma expresa a los trabajadores y documentar ese cumplimiento.

Si la empresa necesita ampliar o modificar el uso de las cámaras, lo recomendable es actualizar la política de videovigilancia, informar nuevamente al personal y verificar que el tratamiento de datos sea proporcional y necesario.
Una correcta gestión de la videovigilancia no solo previene multas, sino que fortalece la relación laboral y la seguridad jurídica del empleador.