¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO?

Dada la coyuntura que está atravesando actualmente parte de nuestra política, es crucial revisar un tema muy importante que ha surgido recientemente: el incremento patrimonial no justificado. Este fenómeno, que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legalidad en las finanzas de ciertas entidades o personas.

¿Qué es el incremento patrimonial no justificado y cómo se determina?

El incremento patrimonial no justificado implica un aumento del valor patrimonial de un contribuyente sin una causa, fuente o procedencia clara y documentada. Se puede originar por el aumento de activos o la disminución de pasivos, cuando los gastos superan a los ingresos declarados. La SUNAT determina este desbalance mediante el cruce de información de diversas fuentes, como SUNARP, SAT, SBS, Infocorp, entre otras.

¿Qué acciones puede tomar una persona frente a un incremento patrimonial no justificado?

Si una persona detecta un desbalance sin recibir notificación de la SUNAT, lo conveniente será reconocer la deuda y reducir el pago de la multa. Sin embargo, en casos donde la notificación ya ha sido recibida, se pueden tomar diversas acciones. Estas incluyen presentar un informe a la SUNAT demostrando que no se han generado rentas gravadas, esperar la fiscalización para sustentar la situación con documentación adecuada, o revisar Registros Públicos en caso de notificación de embargo para contrastar la información tributaria.

¿Cuáles son los medios probatorios para justificar un patrimonio?

Para sustentar un patrimonio y demostrar la legalidad de los ingresos, se pueden presentar diversos medios probatorios ante la SUNAT. Estos incluyen escrituras públicas de donaciones, contratos legalizados, transferencias bancarias, correos electrónicos con información relevante, guías de remisión y cualquier documento de fecha cierta que respalde la veracidad de los ingresos.

Es fundamental que tanto personas naturales como jurídicas estén al tanto de sus obligaciones legales y tomen las medidas necesarias para cumplir con ellas, a fin de evitar multas, embargos y otras sanciones por parte de las autoridades fiscales.