El fingimiento de un embarazo o parto trasciende el ámbito personal para ingresar en el terreno penal, constituyendo un delito que afecta derechos fundamentales y el orden sucesorio. Este comportamiento, motivado por intereses propios y ajenos al bienestar del menor, es regulado y sancionado severamente bajo el marco legal. Exploramos a continuación las implicaciones penales de esta conducta, analizando el bien jurídico protegido y las sanciones aplicables.
¿Cuál es la naturaleza del delito de fingimiento de embarazo o parto?
La naturaleza de este delito radica en la creación de una falsedad, la simulación de un embarazo o parto, con el objetivo de atribuir derechos indebidos a un supuesto hijo. Está tipificado en el artículo 144 del Código Penal, que establece penas de prisión no menor de uno ni mayor de cinco años , en caso de los profesionales médicos que faciliten la comisión del delito la misma pena privativa de libertad y, además, inhabilitación de uno a tres años.
¿Qué bien jurídico protege este delito?
Respuesta: El bien jurídico protegido es el estado civil de las personas, es decir, su condición frente al ordenamiento jurídico en términos de relaciones familiares, sucesorias y de filiación. El delito se sanciona no solo por la afectación a la veracidad documental sino por el impacto en la identidad y los derechos personales y patrimoniales del menor supuestamente nacido.
¿Cómo se consuma el delito y cuál es la diferencia con la alteración o supresión de la filiación?
El delito se consuma con la presentación de un menor como propio para atribuirle derechos indebidos, independientemente de la inscripción oficial del nacimiento. Difiere del delito de alteración o supresión de la filiación en que este último puede ser cometido por cualquier persona y afectar a cualquier sujeto pasivo, mientras que el fingimiento de embarazo o parto requiere específicamente que una mujer se presente falsamente como madre, siendo un tipo penal propio con sujetos y objetivos específicos.
Conclusión:
El fingimiento de embarazo o parto constituye un delito grave que atenta contra el orden social y legal, manipulando la realidad para obtener beneficios a costa de derechos fundamentales. Es esencial para la sociedad y el sistema legal abordar estas conductas con la seriedad que ameritan, promoviendo medidas de prevención y sanción adecuadas.