¿PUEDE SUNAFIL DETERMINAR LA LEGALIDAD DE LOS DESPIDOS?

Publicado el: marzo 28, 2025

En el ejercicio del poder disciplinario, los empleadores deben respetar el debido procedimiento al imponer sanciones a los trabajadores. Sin embargo, cuando estas decisiones son cuestionadas por la autoridad administrativa de trabajo, surge la interrogante: ¿hasta qué punto puede SUNAFIL fiscalizar la legalidad de estos procedimientos sin invadir competencias exclusivas del Poder Judicial?

Este debate fue abordado por la Corte Superior de Justicia de Lima en una sentencia clave que delimita el rol de SUNAFIL frente a los despidos laborales.

Desarrollo del caso:

El expediente N.° 00715-2019-0-1801-JR-LA-23 tuvo como origen una sanción impuesta por SUNAFIL a una empresa privada, luego de que esta desvinculara a varios trabajadores. La autoridad administrativa consideró que el procedimiento de despido adolecía de vicios que vulneraban la libertad sindical, por lo que determinó que se había incurrido en una infracción muy grave y aplicó una multa.

La empresa impugnó dicha decisión, argumentando que la SUNAFIL había excedido sus funciones al pronunciarse sobre la validez legal de un despido, lo cual —según su postura— corresponde ser resuelto únicamente por el Poder Judicial.

Fallo de la sentencia:

La Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió que la verificación de la legalidad de un procedimiento de despido es una función exclusiva del Poder Judicial y no de la autoridad administrativa. En consecuencia, se determinó que SUNAFIL excedió sus atribuciones al imponer la mencionada multa, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas y dejando sin efecto la sanción económica impuesta al empleador.

Recomendación:

Es fundamental que las empresas conozcan los límites de las competencias de las entidades fiscalizadoras y aseguren que sus procedimientos disciplinarios cumplan con la normativa vigente. Ante cualquier duda sobre la legalidad de estos procedimientos, se recomienda buscar asesoría legal especializada para garantizar el respeto de los derechos laborales y evitar posibles sanciones.

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