El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días, mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, en respuesta al alarmante aumento del crimen organizado. Esta medida implica restricciones a derechos constitucionales, mayor presencia de fuerzas del orden y nuevas exigencias para actividades públicas y el transporte, con impacto directo en empresas, operadores logísticos, organizadores de eventos, entidades educativas, religiosas y otros actores privados.

A continuación, detallamos las principales disposiciones que deben considerar las empresas frente a esta situación excepcional:

¿Qué medidas deben tener en cuenta las empresas?

• Libertad y seguridad personales: Se autoriza la intervención de personas y la realización de controles de identidad sin necesidad de orden judicial previa.
• Inviolabilidad de domicilio: Se permite el ingreso forzoso a inmuebles, incluidas instalaciones empresariales en zonas críticas, previa disposición del Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO).
• Libertad de reunión: Toda reunión pública puede ser disuelta si representa un riesgo para el orden interno, lo cual incluye actividades empresariales, manifestaciones o concentraciones.
• Libertad de tránsito: Se podrá restringir el desplazamiento en horarios o zonas específicas, con impacto directo en la logística, movilidad del personal y continuidad de operaciones.
• Eventos públicos y masivos: Toda actividad religiosa, cultural, deportiva o similar de carácter masivo debe contar con autorización expresa de las autoridades competentes. Los eventos no masivos están exonerados de este requisito.
• Transporte en motos lineales (vehículos L3): Queda prohibido el traslado de dos personas adultas en una misma moto lineal. Esta medida afecta a servicios de reparto, mensajería, seguridad privada y traslado de trabajadores.
• “Apagón” en penales y restricción de visitas: Se limita el acceso de visitantes a centros penitenciarios y se suspende el suministro eléctrico en celdas, como parte de la estrategia contra organizaciones criminales que operan desde las cárceles.
• Operativos contra telecomunicaciones ilegales: Se realizarán acciones para suspender líneas telefónicas vinculadas a actividades delictivas como extorsiones, con participación del Comité de Fiscalización.
• Pruebas de polígrafo al personal del INPE: Se implementarán evaluaciones para garantizar la integridad del personal penitenciario y reforzar los controles internos en los establecimientos de reclusión.

Recomendación

Las empresas deben activar sus protocolos de seguridad interna y evaluar su operatividad en zonas críticas, considerando ajustes en horarios, rutas de desplazamiento y condiciones laborales. Es clave establecer canales de comunicación directa con las autoridades locales para facilitar la coordinación ante eventuales operativos o intervenciones.

Asimismo, contar con asesoría legal permitirá interpretar correctamente las restricciones vigentes, tramitar permisos cuando corresponda y brindar orientación adecuada al personal frente a controles de identidad u otras medidas extraordinarias. Una gestión preventiva reducirá riesgos y asegurará el cumplimiento normativo durante el estado de emergencia.